Solicitan 5 años de prisión por almacenar abono sin licencia

La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha juzgado hoy a un hombre acusado de un delito medioambiental, por el que el fiscal pide una pena de 5 años de prisión por almacenar excrementos de pollo sin tener licencia para su tratamiento y gestión.
Licencia Granja Aves
Según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado poseía una empresa de transportes de mercancías y comercialización de productos agrícolas, orgánicos y químicos, y desde abril de 2011 ejercía su actividad en una finca de Vall d’Alba en la que había establecido una planta de tratamiento y depósito de residuos de origen animal.

En mayo de 2011 se realizaron dos inspecciones oculares por agentes de la Guardia Civil, y constataron que almacenaba materia orgánica de origen animal, purines y gallinaza.

En abril de 2012 agentes medioambientales inspeccionaron la misma parcela la cual tenía un acopio de estiércol de 10.000 metros cúbicos.

En las inspecciones se constató que había lixiviados alrededor de las pilas de estiércol, sin contar con red de drenaje y almacenamiento, y sin solera impermeable para minimizar el impacto de las aguas superficiales y subterráneas.

Las aguas procedentes del lavado del depósito se vertían en un barranco adyacente, generando alteraciones en la vegetación natural, y además, había acumulación de estiércol de forma incontrolada favoreciendo el desarrollo de insectos y plagas, con desequilibrios sobre la fauna local y la presencia residual de iones de metales pesados con generación de malos olores.

La empresa, según el fiscal, “no poseía licencia de actividad para el tratamiento y almacenaje de abono de origen animal“, y no había adoptado las medidas de minimización del impacto ambiental.

La Conselleria de Territorio y Medio Ambiente había iniciado diversos expedientes sancionadores, y se le impusieron multas al acusado, además de ordenarle el cierre de la actividad.

A pesar de ello el hombre continuó ejerciendo la actividad al menos hasta mayo de 2012.

Los hechos relatados, según el fiscal, son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y medio ambiente y un delito de usurpación de bienes inmuebles, ya que ejercía la actividad sin conocimiento de la propietaria de la parcela.

El fiscal pide por estos hechos una pena de 5 años de prisión para el acusado, cinco años de inhabilitación para actividad relacionada con el tratamiento de residuos durante 5 años y una multa de 27.000 euros.

Durante la sesión del juicio celebrada hoy, el acusado ha manifestado que había intentado tramitar las licencias y ha reconocido que se dedicaba a esa actividad.

Sin embargo ha dicho que debido a la crisis no pudo adecuar las instalaciones para conseguirlas, pero al tener contratos cerrados con granjas de pollos continúo ejerciendo la actividad.

Desalojan un local por venta de alcohol a menores en Alcorcón

La Policía desaloja un local por venta de alcohol a menores, exceso de aforo y condiciones de seguridad inadecuadas
Las infracciones se pueden traducir en una multa al organizador del local que podría ir desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros, y desde los 4.501 euros hasta 60.000 euros
Licencia alcohol
La Policía municipal ha desalojado un local del polígono industrial Urtinsa, a las diez y media de la noche, tras comprobar un exceso de aforo y que no tenía seguro de responsabilidad civil obligatorio, así como que el personal de control de accesos carecía de la acreditación correspondiente.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes, cuando los agentes recibieron un aviso por posibles incidencias en un local de la calle Navales del polígono Urtinsa que podría estar realizando algún tipo de actividad sin licencia. El local, que estaba alquilado a un grupo de jóvenes, varios de ellos menores de edad, no contaba con el seguro preceptivo de responsabilidad civil obligatorio y tenía personal de control de accesos sin la acreditación correspondiente.

Además, se llevaba a cabo la exposición y venta de bebidas alcohólicas con la presencia de menores de edad, algunos de los cuales se encontraban consumiendo alcohol que, al parecer, ellos mismos habían introducido en el recinto con el beneplácito de los organizadores, o por la falta de diligencia de los mismos para evitar su consumo.

El local se desalojó tras realizar las oportunas comprobaciones documentales en el transcurso de la inspección y percatarse los agentes de que se estaba ejerciendo en el establecimiento una actividad diferente a la que la licencia del funcionamiento original autoriza.

Tampoco las condiciones de seguridad eran adecuadas, así como por el incumplimiento de varios puntos de la legislación en materia de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Licencia venta alcohol
Dichas infracciones, calificadas por los agentes de la Policía Municipal de Alcorcón como “graves y muy graves”, se pueden traducir en una multa al organizador del local que podría ir desde los 60.001 euros hasta los 600.000 euros (muy grave) y desde los 4.501 euros hasta 60.000 euros (grave).

Un ‘Madrid Arena’ en Villaviciosa de Odón

En el pabellón de la Federación Madrileña de Judo y Deportes Asociados, cedido por el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, se realizan eventos deportivos desde hace más de cinco años a pesar de que el edificio no tiene licencia de actividad por incumplir los requisitos de seguridad que marca la Ley. Una situación parecida a la que presenta el Madrid Arena de la capital, donde perdieron la vida cinco chicas hace algo más de tres años y que también carece de licencia.

Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón

Pese a que las obras no se han realizado todavía, el Ayuntamiento y el máximo organismo del judo madrileño desarrollan allí actividades y competiciones a las que acuden cientos de personas, entre ellas menores, casi todas las semanas, según explican fuentes de la Policía de Villaviciosa.

Como consta en varios escritos del Servicio de Obras del Ayuntamiento, el pabellón, con capacidad para casi 2.000 personas, presenta deficiencias en la instalación de protección contra incendios, incluida la acometida definitiva de suministro directo de agua, que actualmente se obtiene a través de un aljibe. En ellos también se detalla la ausencia de un grupo electrógeno de emergencia, problemas en el diferencial eléctrico de las bombas de agua caliente sanitaria y varios desperfectos en la terraza de la escalera de emergencia, entre otras irregularidades.

La situación no es nueva. Informes municipales posteriores a la cesión sugieren que las deficiencias existen desde la construcción en 2009 del edificio -a cargo de la UTE Movexvial-Copasa- , que fue subvencionada con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. Ello no impidió que a finales del año siguiente el presidente de la Federación Madrileña de Judo, el alcalde de Villaviciosa de Odón y el entonces consejero de Cultura y Deporte de la Comunidad, Borja Sarasola –investigado por el caso Púnica-, firmaran el convenio de cesión del edificio.

En el documento se ponía negro sobre blanco que el Consistorio cedía la instalación «manifestando tener todos los permisos, licencias y autorizaciones necesarias conforme a la Ley», algo que después se ha visto no era así.

«Resulta sorprendente que se entregue un edificio público faltando a la verdad en un documento oficial y es lamentable comprobar que, a pesar de estar hablando de un tema tan serio como es la falta de licencia por no cumplir con los requisitos de seguridad, no se hayan adoptado todavía medidas resolutivas», denuncian las mismas fuentes policiales.

En 2011 el Servicio de Obras del Ayuntamiento ya dejaba constancia por escrito de las deficiencias en seguridad y poco después el Servicio de Contratación instó a que se elaborase un informe técnico presupuestando unas obras de reparación que no se ejecutaron. Consciente de la situación irregular, en marzo de 2014 el Ayuntamiento pidió a la Federación que cesase su actividad en el edificio.

Sin embargo, la entidad respondió al alcalde de Villaviciosa con un contundente escrito en el que amenazaba con querellarse contra él «por presuntos delitos de falsedad y prevaricación», ya que en el convenio se dejaba claro que el inmueble contaba con todas las licencias pertinentes. El Gobierno municipal decidió entonces que la Federación siguiese allí hasta poder resolver el problema.

Trató de hacerlo en octubre de ese mismo año, cuando adjudicó las «Obras de Legalización de Actividad del Pabellón de Judo y Deportes Asociados» a la empresa Taga S.A., pero esta, tras estudiar técnicamente el proyecto, solicitó por escrito la resolución de mutuo acuerdo del contrato, ya que aunque «se ejecutasen los trabajos y mediciones» que contemplaba el expediente municipal que definía las actuaciones, «no se obtendría el certificado de entidad de inspección y control industrial» necesario para «legalizar la actividad del pabellón».

El Ayuntamiento sólo ha remitido a un comunicado oficial en el que asevera que, según un informe de un sargento de la Policía Local que ha visitado el edificio «junto a técnicos municipales y responsables de la Federación», las deficiencias «son de carácter leve y fácilmente corregibles, no representando las mismas una manifiesta peligrosidad, ni estando comprometida la seguridad del público asistente o de los trabajadores en caso de necesidad de evacuación del edificio». El comunicado concluye que «al tratarse de deficiencias leves, no requerirían la adopción de medidas cautelares de clausura del establecimiento o de suspensión o prohibición de la actividad». Asimismo el Consistorio asegura que sigue «trabajando para adecuar esta instalación según las indicaciones que establezca el Organismo de Control Autorizado».

La Policía Municipal realiza un desalojo en un local del centro

En el establecimiento, ubicado en el distrito Centro, se había triplicado el aforo permitido

La Policía Municipal ha desalojado un local en la plaza de Las Salesas, en el distrito de Centro, que triplicaba su aforo. En su interior había 241 personas cuando el máximo permitido era de 80. Los vecinos denunciaron la situación que se estaba produciendo en este establecimiento mientras se retransmitía un partido de rugby a través de varios televisores.
Policia municipalLo primero que los agentes pudieron observar fue que en exterior del local se encontraba mucho público que veía el evento deportivo a través de las ventanas, ocasionando ruidos y consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública, cuando el establecimiento no tiene licencia para ello.

Ya en el interior, se comprobó que por la aglomeración, la movilidad era prácticamente nula tanto en los salones como en la barra y las escaleras de acceso al baño. Por tanto, se procedió de inmediato al desalojo que se produjo de manera ordenada y sin incidentes.

Plaza Salesas

Los policías levantaron las correspondientes actas por infracciones de la normativa aplicable según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid respecto al aforo máximo permitido. Asimismo, no existía recibo en vigor del seguro de responsabilidad civil.

Más info.

Sanciones por superar el horario de cierre o carecer de licencia de actividad

La instalación de mesas y sillas por parte de establecimientos de hostelería en las aceras convencionales, en zonas peatonales, y en espacios ajardinados de la ciudad, constituye una tradición en armonía con el clima cálido de la ciudad, las costumbres de sus vecinos y su afán de disfrutar de espacios al aire libre, siendo una muestra más del dinamismo y manera de vivir de nuestra ciudad.
Licencia sanciones administrativas
Estas instalaciones están sujetas a limitaciones y condiciones que permitan compatibilizar, de la mejor manera posible, el uso de las aceras convencionales, de las zonas peatonales y de los espacios ajardinados, con mesas y sillas, con el derecho de los vecinos al descanso y al libre tránsito por las zonas citadas.

La Concejalía de Ocupación de la Vía Pública inició un plan de choque para delimitar el espacio que legalmente pueden ocupar en la calle las mesas y sillas de los restauradores, ahora se pone en marcha una patrulla nocturna que vela por el cumplimiento de la ordenanza municipal. Así, en tres semanas de inspecciones, los agentes de la Policía Local han impuesto un total de 145 sanciones, la mayoría por no tener ni siquiera licencia de actividad o por superar el horario de cierre de los negocios.

Los agentes de este nuevo servicio trabajan, fundamentalmente, en las cuatro zonas con mayor acumulación de locales de ocio. Sin embargo, también se están llevando inspecciones en otros barrios de la ciudad de manera aleatoria. El balance de estas tres primeras semanas de control es cuanto menos importante. Se ha sancionado a 145 locales en total.

«Con esta labor preventiva, y educativa para los empresarios, se ha mitigado el número de infracciones y se ha reducido el número de denuncias ciudadanas. Concretamente, el primer fin de semana de enero los agentes pusieron 19 sanciones y durante el último fin de semana solo han interpuesto 4», explicó la concejala, quien aprovechó para alertar a los propietarios de estos locales de que el actual equipo de gobierno «ha acabado con la impunidad de la anterior corporación». La regidora se sorprendió por el elevado número de bares que contaban con terrazas sin licencia e incluso sin de apertura. Las multas se pasan al Servicio Sancionador que establece el importe según la gravedad.

La ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, aprobada el 30 de enero de 2009 pretende, en primer lugar, cambiar la imagen de las terrazas mejorando los elementos estéticos y armonizando el diseño y la calidad de estas instalaciones, ampliando las condiciones que en su momento se exigieron a los negocios de hostelería ubicados en el centro histórico a todo el ámbito territorial de la ciudad.

En esta Ordenanza se pone de manifiesto la singularidad de los centros históricos, con el fin de mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal y en general dar cabida a todas aquellas cuestiones que, a lo largo de los últimos años, habían quedado obsoletas y debían ser objeto de nueva regulación.
Licencia actividad expediente
Durante la campaña llevada a cabo el año pasado, se inspeccionaron un total de 1856 terrazas de las cuales, el 96,6% cumplía con todos los requisitos legales.

El total de denuncias impuestas se repartió entre los siguientes conceptos:
• Infracciones por mesas y sillas; 88,5%.
• Infracciones por toldos u otros elementos; 6,6%.
• Infracciones por incumplimiento de horarios; 4,9%.

Asimismo, se procedió a la retirada de 6 mesas y 27 sillas.