‘After hours’ al margen de la ley, fraude, drogas y vecinos desesperados

Saltándose la ley, los ‘after hours’ proliferan en Madrid, impunes ante las sanciones y la impotencia de los vecinos. “Es un infierno”.

Aunque los ‘after hours‘ no son ninguna novedad en la capital, el cambio en octubre de 2015 de la legislación para abrir un local ha favorecido su proliferación. Hasta entonces podía pasar hasta un año entre la solicitud de apertura de un sitio y su inauguración, pero ahora basta con una “declaración responsable”. Eso ha provocado que, a pesar de tratarse de Zonas de Protección Acústica Especial (ZAPE), haya más bares que nunca en los barrios del centro madrileño.


Cualquier ‘after’ es, de por sí, ilegal. Según la Ley 17/97 de espectáculos públicos y actividades recreativas ninguna “sala de fiestas” puede abrir a partir de las 5:30 de la mañana, por lo que los ‘After hours’ no pueden contar nunca con una licencia que ampare su actividad. Por eso, se registran con licencia de actividad de bar-cafetería, que sí puede funcionar a partir de esa hora, esquivando aparentemente la normativa. “Dentro tienen equipos de música o pistas de baile, que no se corresponden con la actividad que tienen declarada”, explican desde la Policía Municipal. “Además, al no ser supuestamente una discoteca, no están obligados a tener las medidas de insonorización adecuadas, por lo que hacen más ruido que las discotecas legales”.

Pero el fraude en la licencia no es la única ilegalidad que cometen. Ningún local puede reproducir música en la Comunidad de Madrid antes de las 9 de la mañana, ni si quiera hilo musical. Por eso, sea por multas de ruido o por sanciones de falta de licencia, las infracciones se acumulan en estos negocios, que las esquivan con el mismo modus operandi: “Cuando consiguen alargar el proceso judicial todo lo posible o acumulan muchas infracciones, simplemente se van y vuelven a abrir en otro sitio”, explican fuentes policiales. Además suelen funcionar con empresas pantalla y se declaran insolventes para no tener que pagar las deudas con la Justicia.

 

Otra argucia legal que utilizan es registrarse como club de fumadores. Los clientes tienen que inscribirse como “asociados”, aunque solo vayan a pasar allí una noche y dentro pueden fumar y beber a cambio de pagar una entrada en forma de “donación”, puesto que, legalmente, estos establecimientos no pueden cobrar por ingresar.

“Hay una gran descoordinación entre la Agencia de Actividades, Medio Ambiente y la Policía que dificulta mucho llevar a cabo medidas realmente definitivas”. Lo mismo explican desde el Área de Medio Ambiente, que remite a la Agencia de Actividades la decisión.

De hecho, las asociaciones de vecinos de Centro se han retirado de la Mesa del Ocio Nocturno que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid precisamente para solucionar los problemas de convivencia con la noche madrileña. “Creemos que falta voluntad política para solucionar esta situación, solo hablan de los derechos de los turistas, pero nunca de los vecinos”, apunta Esteban de la asociación vecinal de Chueca. “Es un continuo, no son sólo los after, es que por el día tienes las terrazas, y luego los bares, y cuando cierran los after, y luego otra vez las terrazas…”.

 

Acoso a club de fumadores de marihuana

Tal vez no lo sepas, pero has pasado por delante de un club de fumadores de marihuana varias ocasiones. En general son locales sin publicidad ni carteles, lo ideal para ignorar durante un paseo, se aglomeran en el centro de las ciudades. No se trata de negocios, sino que tienen licencia de actividad de asociación sin ánimo de lucro. En España ya hay más de mil, aunque más de la mitad están en Madrid y Cataluña. Mientras que en Cataluña hay más de 400 clubes de fumadores y su situación está regulada por ley, los presidentes de las cien asociaciones con local de Madrid están negros: desde hace no mucho se han cerrado 20 clubes y las autoridades han intervenido otra decena de ellos.

En Madrid hemos tenido un ‘boom’ en dos o tres años, pasando rápidamente de 30 clubes a 180. La Fiscalía Antidroga de Madrid se ha puesto a cerrar locales.

No hay un censo conocido de clubes de fumadores hay en Madrid, tan solo una horquilla aceptada que los sitúa entre 80 y 180 locales. Algunos nunca se registran como asociación sin ánimo de lucro mientras que otros tienen especial cuidado de que su nombre no aparezca en internet. Muchos presidentes de clubes de fumadores no conocen a ningún otro, casi todos se enteran de los cierres por la prensa y no están federados a nivel autonómico ni nacional. Los que más saben son sus abogados, acostumbrados a lidiar una y otra vez con las mismas acusaciones. Mucha gente abre un club sin tener la más remota idea de lo que está haciendo. Acceden a unos documentos en internet y se montan un local con socios sin conocer los aspectos básicos de la ley, ni siquiera de la que regula las asociaciones.

Desde que se aprobó la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada popularmente como Ley Mordaza, es ilegal transportar marihuana en la vía pública. Muchos clubes tratan de impedir que los socios salgan con el producto pero el cannabis es del socio y si quieren al final se lo llevan a casa.

La otra gran cuestión es cómo obtienen la marihuana si es ilegal plantarla. En Madrid y el resto del país es habitual la compra mancomunada, que no es más que un bote entre todos los socios que sirve para abaratar el producto, pero que al final compromete enormemente a quien la transporta al club. Se hacen compras de menos de 100 gramos, porque si la Policía te detiene con esa cantidad es posible que te enfrentes a una acusación por tráfico de drogas, y eso es un problema muy serio. Tal es el descontrol que el Supremo ha recurrido en varias de sus sentencias al ‘error de prohibición’, una figura jurídica poco habitual y que sostiene, a grandes rasgos, que el acusado estaba plenamente convencido de estar cumpliendo con la ley.

Los cierres de los clubes de fumadores en Madrid no están sirviendo para ejemplarizar a los demás, básicamente porque casi todos acaban en acuerdos y hay muy pocas sentencias. Lo único conocido por todos es el modus operandi de la Policía. Envían a agentes de paisano a las puertas de los clubes y registran a los socios que van saliendo: cuando han conseguido un número determinado de incautaciones, acuden con ellas al juez para que autorice la intervención. Existe un patrón común en estos casos del que huyen todos los presidentes de clubes: la masificación.

María Valencia regenta desde hace tres años el club de fumadores “El Garaje”, en Tirso de Molina. Afirma que la Policía ha acudido al local en varias ocasiones, tanto uniformada como de incógnito, sin que le generasen problema alguno. “Yo les dejo entrar, que miren lo que quieran, no tengo nada que esconder”, dice Valencia. El Garaje cuenta 160 socios, aunque tiene una lista de espera casi igual de larga. Su representante, en este aspecto, cumple a rajatabla con las sentencias del Tribunal Supremo, que indican que los clubes no pueden tener un número de socios desmesurado. “Hay un aspecto clave en los clubes cannábicos: no se puede hacer dinero con ellos. Esto es sencillo de comprender y, si yo tuviera 4.000 ó 5.000 socios como tienen algunos, me sería imposible no lucrarme”, explica.

 

En su club, de 110 metros cuadrados, hay sofás, consolas de videojuegos, una mesa de billar y un futbolín. Sus socios disponen de estas instalaciones todos los días que quieran, en horario de tarde, sin restricción de tiempo. La cuota también les permite retirar una cantidad de marihuana al mes: “Esto es importante, porque en ningún momento es una venta. Se les dispensa el producto al que tienen derecho”, remata Valencia, que lamenta que otros clubes de fumadores hayan querido hacer negocio más allá de los límites que marca la ley: “¿Cómo puedes tener 4.000 socios en un local? ¿Cómo puedes evitar lucrarte recaudando tanto dinero al mes? Yo no podría hacerlo, no sabría cómo reinvertir todo ese dinero, esto es un club social”, dice la gestora de El Garaje.

Otro de los problemas habituales es que la presencia de socios en la calle molesta a los vecinos. Y, como la conducta está más asociada a jóvenes, algunos clubes de fumadores les han vetado el acceso. El el caso del “Cannabis Club Madrid”, en la calle Doctor Esquerdo, que no permite la adscripción de turistas ni menores de 28 años. A su presidente, que prefiere mantenerse en el anonimato, le llegan 300 peticiones diarias que ni revisa. “Somos 70 socios, la mayoría treintañeros, pero muchos ya entrados en los cuarenta y los cincuenta, y no necesitamos a nadie más. Cuando hay una baja se pregunta a los socios si tienen una persona de confianza a la que proponer, de modo que no atiendo a las nuevas peticiones”, explica. En su local solo ha entrado una vez la Policía, y ni siquiera sabía qué tipo de local era: “Hace unos meses entraron al local al robarnos y lo denuncié. Vinieron dos agentes y uno me preguntó: ‘Perdone que le pregunte, ¿pero a qué se dedica usted? Es que hay aquí un pestazo a marihuana tremendo’, y yo le expliqué que éramos un club de fumadores . Al poco volvieron, me pidieron entrar, les dije que no y hasta la fecha”, dice.

 

 

Los colegios profesionales se ofrecen en Valencia para agilizar el parón de licencias de actividad

Crece la preocupación entre los colegios profesionales de la Comunidad Valenciana. Por tal motivo el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y el Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat (COIICV) mantuvieron una serie de reuniones con el concejal de Desarrollo Urbano de Valencia para encontrar soluciones.

La cita sirvió para que los colegios conocieran de primera mano la propuesta del Ayuntamiento de Valencia. Desde el Govern han decidido aplicar un sistema que consiste en recurrir a una empresa externa que se encarga de los servicios de emisión de informes previos de validación de proyectos (al igual que ocurre por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid) , así como la recopilación de documentación técnica. Hasta ahora esto se había realizado con el colegio de arquitectos, pero a partir de ahora será un concurso abierto al que podrán presentarse todo tipo de empresas, desde pequeñas gestorías a multinacionales.

El Govern reconoció que hay “atasco” en el Ayuntamiento de Valencia y los contados funcionarios que tiene en la actualidad el consistorio tras los recortes no dan abasto. Si bien los colegios se ofrecieron de manera directa y propusieron recuperar la figura de los convenios, desde la secretaría del Ayuntamiento les informaron de que no se podían reeditar ese modelo por “problemas de tipo jurídico y cuestiones de Competencia”. Lo que sí que se les informó es que los colegios podrán optar al concurso si así lo consideraban necesario.

Desde el Ayuntamiento de Valencia destacaron que esta opción en ningún momento tendría coste directo para la corporación y el servicio lo tendrán que pagar los adjudicatarios de las licencias; es decir, los más interesados en agilizar el trámite. En este concurso, que está a punto de convocarse, el Ayuntamiento limitará el coste de los servicios e impondrá restricciones a los adjudicatarios que se pueden presentar.

En el encuentro con los representantes de los colegios profesionales se insistió en que se trata de un servicio gratuito para el Ayuntamiento de Valencia y que por ello esta medida no conlleva problemas presupuestarios. También se recalcó que el servicio no será obligatorio y pagarán solo los que deseen agilizar el proceso de concesión de su licencia mediante verificación documental.

El pero es que por ahora solo se contemplan las licencias de obras; no de licencias de instalaciones ni de actividad. Los que no se acojan a este servicio tendrán que seguir trabajando con los plazos que hasta ahora está ofreciendo el Ayuntamiento.

Piden 3 años cárcel a un acusado de alquilar un local para bar sin reunir condiciones

El fiscal ha pedido tres años de prisión y una indemnización de 27.000 euros para un hombre que va a ser juzgado en Murcia acusado de estafar en el alquiler de un local que iba a ser destinado a bar y que no reunía las condiciones debidas.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía señalan que el acusado “simuló que el local se encontraba en perfecto estado para la realización de esa actividad y que cumplía con la normativa municipal correspondiente”.

Y añade que el mismo no estaba acondicionado respecto a la emisión de ruidos propios de esa actividad, ni tenía sistema de ventilación adecuado, ni el piso superior cumplía con la altura mínima, ocultando además el arrendador que existía un expediente administrativo del ayuntamiento de Cartagena que determinó, finalmente, la pérdida de la licencia de actividad.

Añade el fiscal que también ocultó que el inmueble carecía de los correspondientes contratos de suministro eléctrico y de agua, “siendo abastecido únicamente por contratos de obra”.

Una barbería funciona como bar encubierto en Chueca

En la calle de las Infantas 10 y con un cartel donde se anuncian “cortes de calidad, barbas imperiales y afeitados impecables”, un camarero vestido con camisa blanca y pajarita negra toma nota de la comanda a los clientes. Este local solo tiene licencia de actividad de peluquería pero abre hasta las dos de la madrugada y ejerce como bar desde hace año y medio.

“La licencia que tienen representa la actividad que realmente realizan” expresa el portavoz de la Asociación de Vecinos del barrio de Chueca. Tras poner en conocimiento de la Agencia de Actividades de Madrid, se realizó una inspección al local. Constataron que con licencia de peluquería, se pretende ejercer una nueva actividad que tiene otras consideraciones y exigencias urbanísticas, ambientales, de seguridad y salubridad distintas. También se han realizaron obras de acondicionamiento exterior sin la autorización municipal.

Los dueños del la barbería registraron en octubre de 2016 una declaración responsable en el que afirman que cumplen con los requisitos urbanísticos exigidos por la normativa para ejercer su actividad. Sin embargo, ya que el local está dentro de la Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE) del distrito Centro, esta norma prohíbe la apertura de nuevos locales de hostelería.

El departamento de Disciplina Urbanística finalmente ordena la cese y clausura del local. Sin embargo hasta la fecha sigue abierto.

El Ayuntamiento y las asociaciones vecinales piden a la Comunidad modificar la ley que permite abrir locales de ocio sólo con la declaración responsable.

El Ayuntamiento y las asociaciones vecinales piden a la Comunidad modificar la ley que permite abrir locales de ocio sólo con la declaración responsable.

Aunque la actual normativa impide la apertura de nuevos establecimientos de hostelería en la mayor parte de las calles de Chueca y Salesas desde 2012 según la declaración de Zona de Protección Acústica Especial (ZPAE), es habitual encontrarse establecimientos en los que antes había una tienda de ropa y ahora se implanta un bar de copas o un restaurante.

Y es que algunas calles del centro han visto multiplicados el número de bares, restaurantes y locales de copas. Según denuncian las asociaciones de vecinos, esta práctica es posible gracias a la declaración responsable de actividades económicas, un instrumento de autorregulación que muchos han transformado en la varita mágica para poder abrir negocios de hostelería.

Era el año 2013 cuando la Comunidad de Madrid modificaba la ley 17/1997, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) para añadir una disposición adicional que permite la apertura de establecimientos mediante la simple presentación de un documento (declaración responsable) en el que el titular de la actividad manifiesta cumplir con los requisitos urbanísticos y sectoriales exigidos por la normativa vigente (bajo su responsabilidad).

Su objetivo inicial es facilitar e incentivar la apertura de negocios mientras transcurren los meses en los que se tramita la licencia de actividad y funcionamiento. Pero hecha la ley, hecha la trampa dado que esta misma norma ha provocado un vacío legal en el que se amparan empresarios que saben desde el principio que no van a obtener licencia o incumplen la normativa, de manera que van que van concatenando declaraciones responsables para seguir abriendo, con el nombre de otra empresa, por ejemplo, de tal manera que negocios clausurados por sanciones administrativas pueden seguir abriendo simplemente con otra declaración responsable.

Las asociaciones de vecinos de Centro junto con el propio Ayuntamiento de Madrid han solicitado a la Comunidad un cambio legislativo que impida a bares y restaurantes abrir con una simple declaración responsable. La coordinadora de asociaciones de vecinos del distrito centro está manteniendo reuniones con los grupos de la Asamblea y proponen que en el caso de negocios y actividades que puedan ser molestas para los vecinos y residentes, se haga desde la administración un visado previo a la apertura del establecimiento.


La Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid sin embargo ve el asunto desde otra perspectiva y considera que es un problema del Ayuntamiento, al que sugiere que realice más inspecciones, pues no tiene intención de modificar una ley que «va en línea con la normativa europea» y que afectaría a todos los comercios de la capital por igual.

Los tatuadores ilegales en el punto de mira

Según Sanidad en España hay unos 2.500 tatuadores trabajando de forma legal, con su correspondiente licencia de actividad de centro de tatuaje, con el registro sanitario y el título de higiénico-sanitario. Sin embargo existen encubiertos otros 5.000 tatuadores ilegales, según estima el secretario de la Unión Nacional de Tatuadores y Anilladores Profesionales (UNTAP).

Según las cifras, por cada tatuador con todos los papeles en regla existen otros dos lo hacen sin la titulación oficial exigida, trabajando generalmente en sus casas y sin la licencia de actividad y apertura correspondiente. Según la UNTAP, el 99% de las ofertas de tatuajes que se publican en portales como Vibbo o milanuncios son de “tatuadores ilegales”.

Para ser un tatuador correctamente legalizado, es necesario obtener el título de higiénico-sanitario en un centro homologado, estar de alta en la Seguridad Social y tramitar la correspondiente licencia de actividad. Para aprobar el título, se debe superar un cursillo de técnicas higiénicas, adaptado a los tatuadores, que puede oscilar entre las 25 y las 40 horas.

Según las cifras cada semana abren uno o dos nuevos estudios en la Comunidad de Madrid. En esta comunidad operan unos 300 establecimientos legalizados que nada tienen que ver con los estadounidenses, donde los clientes son atendidos en un mismo espacio, como si estuvieran en una peluquería. La normativa actual vigente obliga a que los clientes sean tratados en espacios compartimentados, como si estuvieran en la consulta de un dentista. Además, se deben separar las cabinas de tatuaje de las que se utilizan para los anillados.

Más info.

Las panaderías con barra de degustación deben obtener doble licencia (panadería y bar)

Muchas veces, a la hora de tramitar una nueva licencia de actividad de bar o cafetería nos topamos con que el local se encuentra en una zona de especial protección acústica y no es viable abrir ese tipo de negocio en esa zona.

En ocasiones vemos que se “modifica” el tipo de licencia solicitada a la de pastelerías / panaderías con barra de degustación, pero este tipo de modificaciones parece que tiene los días contados ya que el Ayuntamiento ha puesto fin a la polémica desatada en el sector comercial por el florecimiento de las panaderías con barra de gustación, motivadas por las quejas recurrentes que presentan los hosteleros de la zona.

Este tipo de establecimientos, que han proliferado con especial fuerza en el centro de la ciudad, combinan, de manera totalmente extraoficial: panadería y pastelería con espacios para el consumo de bebidas y alimentos dentro del propio local, e incluso en terrazas en la vía pública.

Un modelo que se ha extendido rápidamente gracias a una interpretación del Ayuntamiento de uno del los epígrafes del IAE (Impuesto de Actividades Económicas) en el que se menciona a las panaderías, incluidas aquellas que ofrecen “degustación” de sus productos.

Esto ha motivado a que muchos locales iniciasen este tipo de licencias de actividad en las zonas de protección acústica, según denuncian los hosteleros.

A partir de ahora las panaderías con barra de degustación deberán obtener una doble licencia de actividad (la comercial y la hostelera, al entender que funcionan realmente como bares o cafeterías) si quieren seguir ofreciendo los servicios que prestaban hasta la fecha (consumo de bebidas dentro del local).

La otra opción es cumplir las condiciones reales de un establecimiento con degustación, es decir, que ofrezcan al cliente exclusivamente “los productos que están autorizados a fabricar” (aunque con la posibilidad de acompañarlo de alguna bebida tipo café o té). Para ello deberán utilizar sólo las “barras de degustación, pero no pueden disponer de mesas ni sillas”.

El problema de las zonas con protección acústica.
Más complicada es la solución para aquellos establecimientos que están situados en alguna de las zonas “saturadas”. Dado que podrán obtener una licencia de hostelería en estas calles.

A juicio del sector hostelero, hasta ahora estos establecimientos iniciaban su actividad con una condiciones “mucho menos exigentes” como por ejemplo no tener la obligación de disponer de baños como los bares. Además señalan que en los últimos meses han comenzado a abrir negocios similares aprovechando ese mismo vacío legal, como tiendas ‘gourmet’ que ofrecen cenas, o incluso verdulerías que venden ensaladas preparadas.

Se podrá instalar barra de degustación en locales con licencia de actividad de: pastelería, repostería, confitería, churrería o heladería.

Además, cuando se instale una barra de degustación se exigirá en el local aseos para uso público y distintos de los del personal.

Criterios de apertura tintorerías, limpieza de ropa y planchado industrial

Según el informe emitido por la Agencia de acuerdo al artículo 55 de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano de Madrid  que dice:
 
“Las industrias de limpieza de ropa, planchado industrial y tintorería, deberán siempre disponer de ventilación forzada en sus locales, con evacuación del aire a través de chimeneas que cumplan el artículo 27. Asimismo, las máquinas de limpieza en seco, deberán de disponer de chimenea independiente con esas mismas características, salvo aquellas que funcionen en circuito cerrado con recogida o depuración de vapores para las que quede acreditada documentalmente esta condición.
 


Aclara que este artículo será de aplicación a todas las actividades de limpieza de ropa, lavado, planchado, tintorerías y similares,  independientemente del número de máquinas existentes, potencia instalada, número de operarios, superficie ocupada, etc. puesto que este artículo hace referencia a cualquier instalación no doméstica. Este aspecto es aún más relevante en los autoservicios de limpieza de ropa.

Instrucción criterios aplicación instalación Aire Acondicionado

El Ayuntamiento de Madrid, ha  publicado la Instrucción de  11 de mayo de 2017 , relativa a los criterios generales de aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 33 de la OGPMAU, sobre la exigencia de preinstalación e instalación de Aire acondicionado  en todas la nuevas plantas y restructuración total.
La instrucción permite la presentación de soluciones alternativas para el cumplimiento del artículo 33  de la OGPMAU, en los términos del artículo 5.1.3. del CTE. Las soluciones propuestas  deberán ser aprobadas por los Servicios Técnicos Municipales.

El artículo 33, de la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano (OGPMAU) dispone que: “Los edificios de nueva construcción o en reestructuración total deberán dotarse de pre-instalación de aire acondicionado que cumpla el artículo 32 de esta Ordenanza, siendo preferible la previsión de colocación de la(s) 16 unidad(es) condensadora(s) en cubierta convenientemente instaladas, insonorizadas y apantalladas. En cualquier caso, deberá comprobarse, durante su instalación real, el cumplimiento de los artículos 89 y 90 de esta Ordenanza”. Dicho precepto se incardina dentro del título III relativo a la ventilación forzada y/o acondicionamiento de locales y viviendas, siendo su finalidad asegurar que en las obras de nueva edificación la climatización se resuelve de forma adecuada mediante la pre-instalación de aire acondicionado, el cual a su vez deberá cumplir con las prescripciones y especificaciones técnicas previstas en el artículo 32. La OGPMAU se aprobó por acuerdo del pleno de 25 de julio de 1985 con el objetivo de preservar el medio ambiente urbano, en concreto y en términos de su preámbulo para preservar y mejorar los elementos de la naturaleza insertos en el ámbito urbano, potenciando los aspectos positivos y minorando los negativos para conseguir el adecuado equilibrio ecológico, en el marco del artículo 45 de la Constitución Española.
BOAM

Más info.