Continúa el juicio de trece licencias municipales con irregularidades

El alcalde de Colmenar Viejo y cinco de sus concejales declaran como “querellados” en un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, el ex alcalde, cinco concejales actuales y cinco de la anterior legislatura – todos del Partido Popular- han pasado este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de la localidad para declarar como “querellados” y responder sobre las irregularidades detectadas en trece licencias municipales.
licencias colmenar viejo
Las licencias se otorgaron entre 2005 y 2011, en su mayoría licencias de primera ocupación a las que los técnicos no daban el visto bueno por muros de cerramiento que superaban la altura máxima permitida en unos centímetros, construcciones que ocupaban mínimamente parte de una acera o edificios que no cumplían las condiciones de salubridad de forma estricta. El propio alcalde, Miguel Ángel Santamaría siempre ha defendido que se trataban de “casos anecdóticos” donde primaba el interés general de la actividad económica que generaba la licencia y que en ningún caso se perjudicaban los intereses de los vecinos y del municipio. Postura que habría defendido también hoy ante el juez durante dos horas, aunque Santamaría ha rechazado hacer declaraciones a los medios de comunicación al respecto.

El juez ha agrupado las trece denuncias – la mayoría anónimas y dos de la Fiscalía de Medio Ambiente – y les acusa de un presunto “delito continuado de prevaricación urbanística”, el componente común a todas las licencias es que se aprobaron con los informen en contra de los técnicos municipales que también acudirán al juzgado como testigos este miércoles.

Los concejales y ex concejales que han testificado hoy junto con el regidor actual y el ex alcalde José María de Federico, son Carlos Blázquez, Ana Belén Colmenarejo, Jorge García, Antonia García, Cesar de la Serna, Juan José Serrano, Inmaculada Viñoles, Justo García, Pablo Colmenarejo y Pedro Gómez.

El Fiscal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix recogió en un escrito el pasado mes de junio que de forma individual las “posibles irregularidades urbanísticas podrían ser tildadas de insignificantes” pero que analizadas globalmente podrían ser constitutivas de delito y ser causa de un perjuicio económico para el ayuntamiento.

Las condenas de este delito continuado de prevaricación urbanística podría suponer penas de entre año y medio a cuatro años de prisión, y una inhabilitación para cargo público de hasta quince años.

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