Continúa el juicio de trece licencias municipales con irregularidades

El alcalde de Colmenar Viejo y cinco de sus concejales declaran como “querellados” en un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, el ex alcalde, cinco concejales actuales y cinco de la anterior legislatura – todos del Partido Popular- han pasado este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de la localidad para declarar como “querellados” y responder sobre las irregularidades detectadas en trece licencias municipales.
licencias colmenar viejo
Las licencias se otorgaron entre 2005 y 2011, en su mayoría licencias de primera ocupación a las que los técnicos no daban el visto bueno por muros de cerramiento que superaban la altura máxima permitida en unos centímetros, construcciones que ocupaban mínimamente parte de una acera o edificios que no cumplían las condiciones de salubridad de forma estricta. El propio alcalde, Miguel Ángel Santamaría siempre ha defendido que se trataban de “casos anecdóticos” donde primaba el interés general de la actividad económica que generaba la licencia y que en ningún caso se perjudicaban los intereses de los vecinos y del municipio. Postura que habría defendido también hoy ante el juez durante dos horas, aunque Santamaría ha rechazado hacer declaraciones a los medios de comunicación al respecto.

El juez ha agrupado las trece denuncias – la mayoría anónimas y dos de la Fiscalía de Medio Ambiente – y les acusa de un presunto “delito continuado de prevaricación urbanística”, el componente común a todas las licencias es que se aprobaron con los informen en contra de los técnicos municipales que también acudirán al juzgado como testigos este miércoles.

Los concejales y ex concejales que han testificado hoy junto con el regidor actual y el ex alcalde José María de Federico, son Carlos Blázquez, Ana Belén Colmenarejo, Jorge García, Antonia García, Cesar de la Serna, Juan José Serrano, Inmaculada Viñoles, Justo García, Pablo Colmenarejo y Pedro Gómez.

El Fiscal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix recogió en un escrito el pasado mes de junio que de forma individual las “posibles irregularidades urbanísticas podrían ser tildadas de insignificantes” pero que analizadas globalmente podrían ser constitutivas de delito y ser causa de un perjuicio económico para el ayuntamiento.

Las condenas de este delito continuado de prevaricación urbanística podría suponer penas de entre año y medio a cuatro años de prisión, y una inhabilitación para cargo público de hasta quince años.

513 expedientes abiertos de actividades clandestinas

Puede que pasen desapercibidos dentro del cúmulo de cifras que arroja la Administración local, o que su tramitación sea más lenta de lo que debiera. Pero siguen en marcha y, tarde o temprano, se resolverán. La Gerencia de Urbanismo tramita en estos momentos 513 expedientes por actividades clandestinas detectadas en el municipio.
licencia actividad y funcionamiento expediente
Tienen que ver, aunque resulte llamativo, con comercios que abrieron sus puertas sin la correspondiente licencia (de actividad inocua o clasificada), o que, teniendo la comunicación previa, luego no presentaron toda la documentación exigible.

La mayoría de ellos están abocados al cierre, salvo que, en los periodos fijados, hayan aportado los documentos requeridos, cuestión que no siempre se produce. O que, como ha ocurrido en algunos casos, haya sido la propia inercia económica la que les haya obligado a cerrar sus puertas antes de ser detectada su ilegalidad.

Pero esa cifra es solo la punta del gran iceberg que significa la actividad total de la Gerencia entre el año 2008 y lo que va de 2016: la sección de inspección urbanística y actividades tiene activos 8.664 expedientes.

De la cifra global que sigue pendiente de resolución llaman la atención los más de 4.000 expedientes relacionados con la disciplina urbanística, es decir, con denuncias por obras que no cumplen la legalidad, entre otros conceptos. Como tales expedientes sancionadores por obras realizadas sin licencia están pendientes 113.

Otros 22 que siguen en activo están relacionados con las ejecuciones subsidiarias (ejecuciones forzosas con cargo al administrado). Uno de los más conocidos es el que se tramitó para el derribo de la antigua fábrica Celgán. El ayuntamiento asumió el coste de la demolición y ahora ese gasto se ha añadido como carga en el registro de la propiedad del inmueble.

También están en activo 391 expedientes de prescripción urbanística. Es decir, aquellos que tienen relación con obras no legalizables, pero cuyos propietarios pueden demostrar que llevan más de cuatro años realizadas sin que la Administración haya abierto expediente de disciplina urbanística para legalizarlas. «No supone una legalización, solo el reconocimiento de que está hecha desde hace más de cuatro años», aclara el concejal de Urbanismo de la capital Carlos Garcinuño.

Y entre la «tarea» pendiente se incluyen también los 193 expedientes sancionadores de actividad, 614 por denuncias de locales, 42 por ruinas y 620 órdenes de ejecución. También quedan 1.456 de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, relacionado con ella, 148 reclamaciones al padrón.

¿Muchos o pocos expedientes?….

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El Ayuntamiento regulará las licencias de las panaderías-degustación tras las críticas de los hosteleros

Exigirá las mismas condiciones que a los bares pero les permitirán abrir en zonas saturadas.

El Ayuntamiento va a modificar los requisitos exigidos hasta la fecha para la apertura de las denominadas panaderías degustación, en auge en la ciudad en los últimos años. La decisión, de la que todavía se ultiman los detalles, llega tras las críticas del sector hostelero y de los principales sindicatos, que veían irregularidades en la concesión de licencias a este tipo de establecimientos.

licencia panaderia degustacion
En concreto, denunciaron que bajo el paraguas del término degustación, se estaba realizando una actividad hostelera que suponía una competencia desleal frente a los bares de la capital aragonesa, que debían hacer frente a mayores exigencias (instalación de baños, licencias más restrictivas, ubicación en zonas no saturadas, etc).

Además, los sindicatos criticaron que los trabajadores de estas panaderías perdían en torno a 6.000 euros al año por no estar regidos por el convenio laboral de la hostelería. Un agravio que debía subsanarse “cuanto antes”.

Ante esta situación se reunió el pasado mes de mayo un grupo de trabajo formado por los sectores afectados y las administraciones públicas para abordar el tema y acabar con estas “ventajas” que obtenían las nuevas panaderías-bar por parte del Ayuntamiento.

La propuesta, todavía por definir, pasaría por elevar el nivel de exigencia a estos nuevos negocios, como por ejemplo con la obligación de instalar baños y otros requisitos de carácter sanitario y urbanístico. Además, se estudia la posibilidad de condicionar el tipo de licencia -de bar o de comercio- en función del porcentaje de local dedicado a una u otra actividad.

licencia panaderia
En cuanto a los salarios y a las condiciones de los trabajadores planteadas por los sindicatos, desde el Consistorio aseguran que “es una cuestión laboral más que de Urbanismo” pero que “se va a colaborar en todo lo posible por mejorarlas”.

Por su parte, las asociaciones empresariales no ven con buenos ojos dar vía libre a la instalación de estos negocios en las zonas saturadas ni diferenciar por el porcentaje de local destinado a cada uso, ya que «se estaría creando una tercera categoría».

Además, recuerdan que estos negocios «se agarran a su licencia de comercio para no pagar lo que deberían a sus trabajadores», por lo que reclaman que la licencia otorgada sea de hostelería. «Es la única manera de conseguir una solución definitiva», argumentan.