Detectan obras en un edificio con orden de paralización

Si empezamos esta historia por el final, el titular sería que hay una orden de paralización de las obras en el edificio situado en el número 12 de la calle Salustiano Olózaga, a escasos metros de la Puerta de Alcalá de Madrid, pero los trabajos continúan. Lo denunció el PSOE en el Pleno del Ayuntamiento de la capital del pasado miércoles, donde precisamente se aprobó un cambio de uso para el inmueble de hotel a viviendas de lujo. A pesar de que los cristales a pie de calle están oscurecidos, el ruido emitido ayer por la tarde desde el interior dejaba poco lugar a equívocos.
licencias de obra
En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, sin embargo, no tienen constancia de momento de que se esté cometiendo ninguna irregularidad. Los técnicos municipales del Departamento de Disciplina Urbanística tienen previsto inspeccionar el lugar para comprobar si se está avanzando en la rehabilitación de forma ilegal.

El periplo administrativo del edificio en cuestión se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento de Madrid (con el PP al frente) aprobó un cambio de uso en el sentido inverso al de la semana pasada, es decir, de residencial a hotelero. La licencia de obras del inmueble en el distrito de Salamanca se otorgó en 2003, en 2005 se denunció que el interior del inmueble había sido derribado pese a estar protegido pero no fue hasta 2007 cuando el Gobierno local decretó la paralización de los trabajos.

El expediente sancionador del Departamento de Disciplina Urbanística y las sentencias relativas a este particular concluyeron con la imposición de una multa al propietario y con la obligatoriedad de que se reconstruyeran los elementos destruidos. El pasado 30 de diciembre se dieron por finalizados estos trabajos de restauración y desde entonces, teóricamente, debería estar detenida la actividad en el interior hasta nueva autorización.

«Tienen orden de paralización. Entiendo que no están haciendo obras, pero no he ido por la noche, como hace usted, a ver si hay alguien que está haciendo obras». Ésta fue la respuesta que la directora general de Control de la Edificación, Ana Perpiñá, le dio a la concejal socialista Mercedes González en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del pasado 20 de enero cuando la edil le planteó sus dudas de que se estuviera cometiendo una ilegalidad.

En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible han precisado este martes que la empresa propietaria del inmueble sí tiene permiso para realizar obras de tabiquería menores, aunque no para llevar a cabo el trabajo de rehabilitación integral del inmueble.

En el último Pleno se ha dado luz verde un nuevo Plan Especial para el edificio de Salustiano Olózaga, aprobado inicialmente por el Gobierno municipal saliente en el mes de junio. El expediente urbanístico contó los votos a favor de Ahora Madrid y el PP y la oposición de PSOE y Ciudadanos y autoriza el cambio de uso de hotelero a residencial.

El proyecto consiste en la rehabilitación del inmueble de 5.800 metros cuadrados para su transformación en 25 apartamentos de lujo con un presupuesto de tres millones de euros, según informa en su web la empresa encargada de la rehabilitación -Molior-. Está previsto que las plantas superiores se reserven para las viviendas, la baja y la semisótano para zonas comunes y las tres subterráneas para plazas de aparcamiento.

Pero hasta que no se solicite y se conceda la nueva licencia de obras, un trámite que puede tardar desde semanas hasta meses, no deberían comenzar los trabajos estructurales. Este periódico se puso en contacto ayer con la actual propietaria del inmueble -LemonPrime- para preguntarle por qué se está trabajando ya en el interior, pero no obtuvo respuesta.

«Los planes especiales como el de Salustiano Olózaga en realidad son legalizaciones de obra ilegales y, en este caso, es aún peor porque el edificio entero es ilegal», señala Mercedes González, que sostiene que en las obras que se hicieron para recuperar los elementos protegidos «no se respetó la fidelidad del original». Además, la concejal socialista insta a que el Departamento de Disciplina Urbanística abra un expediente por la realización de trabajos sin que se haya tramitado la nueva licencia.

Sanciones por superar el horario de cierre o carecer de licencia de actividad

La instalación de mesas y sillas por parte de establecimientos de hostelería en las aceras convencionales, en zonas peatonales, y en espacios ajardinados de la ciudad, constituye una tradición en armonía con el clima cálido de la ciudad, las costumbres de sus vecinos y su afán de disfrutar de espacios al aire libre, siendo una muestra más del dinamismo y manera de vivir de nuestra ciudad.
Licencia sanciones administrativas
Estas instalaciones están sujetas a limitaciones y condiciones que permitan compatibilizar, de la mejor manera posible, el uso de las aceras convencionales, de las zonas peatonales y de los espacios ajardinados, con mesas y sillas, con el derecho de los vecinos al descanso y al libre tránsito por las zonas citadas.

La Concejalía de Ocupación de la Vía Pública inició un plan de choque para delimitar el espacio que legalmente pueden ocupar en la calle las mesas y sillas de los restauradores, ahora se pone en marcha una patrulla nocturna que vela por el cumplimiento de la ordenanza municipal. Así, en tres semanas de inspecciones, los agentes de la Policía Local han impuesto un total de 145 sanciones, la mayoría por no tener ni siquiera licencia de actividad o por superar el horario de cierre de los negocios.

Los agentes de este nuevo servicio trabajan, fundamentalmente, en las cuatro zonas con mayor acumulación de locales de ocio. Sin embargo, también se están llevando inspecciones en otros barrios de la ciudad de manera aleatoria. El balance de estas tres primeras semanas de control es cuanto menos importante. Se ha sancionado a 145 locales en total.

«Con esta labor preventiva, y educativa para los empresarios, se ha mitigado el número de infracciones y se ha reducido el número de denuncias ciudadanas. Concretamente, el primer fin de semana de enero los agentes pusieron 19 sanciones y durante el último fin de semana solo han interpuesto 4», explicó la concejala, quien aprovechó para alertar a los propietarios de estos locales de que el actual equipo de gobierno «ha acabado con la impunidad de la anterior corporación». La regidora se sorprendió por el elevado número de bares que contaban con terrazas sin licencia e incluso sin de apertura. Las multas se pasan al Servicio Sancionador que establece el importe según la gravedad.

La ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, aprobada el 30 de enero de 2009 pretende, en primer lugar, cambiar la imagen de las terrazas mejorando los elementos estéticos y armonizando el diseño y la calidad de estas instalaciones, ampliando las condiciones que en su momento se exigieron a los negocios de hostelería ubicados en el centro histórico a todo el ámbito territorial de la ciudad.

En esta Ordenanza se pone de manifiesto la singularidad de los centros históricos, con el fin de mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal y en general dar cabida a todas aquellas cuestiones que, a lo largo de los últimos años, habían quedado obsoletas y debían ser objeto de nueva regulación.
Licencia actividad expediente
Durante la campaña llevada a cabo el año pasado, se inspeccionaron un total de 1856 terrazas de las cuales, el 96,6% cumplía con todos los requisitos legales.

El total de denuncias impuestas se repartió entre los siguientes conceptos:
• Infracciones por mesas y sillas; 88,5%.
• Infracciones por toldos u otros elementos; 6,6%.
• Infracciones por incumplimiento de horarios; 4,9%.

Asimismo, se procedió a la retirada de 6 mesas y 27 sillas.

Continúa el juicio de trece licencias municipales con irregularidades

El alcalde de Colmenar Viejo y cinco de sus concejales declaran como “querellados” en un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, el ex alcalde, cinco concejales actuales y cinco de la anterior legislatura – todos del Partido Popular- han pasado este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de la localidad para declarar como “querellados” y responder sobre las irregularidades detectadas en trece licencias municipales.
licencias colmenar viejo
Las licencias se otorgaron entre 2005 y 2011, en su mayoría licencias de primera ocupación a las que los técnicos no daban el visto bueno por muros de cerramiento que superaban la altura máxima permitida en unos centímetros, construcciones que ocupaban mínimamente parte de una acera o edificios que no cumplían las condiciones de salubridad de forma estricta. El propio alcalde, Miguel Ángel Santamaría siempre ha defendido que se trataban de “casos anecdóticos” donde primaba el interés general de la actividad económica que generaba la licencia y que en ningún caso se perjudicaban los intereses de los vecinos y del municipio. Postura que habría defendido también hoy ante el juez durante dos horas, aunque Santamaría ha rechazado hacer declaraciones a los medios de comunicación al respecto.

El juez ha agrupado las trece denuncias – la mayoría anónimas y dos de la Fiscalía de Medio Ambiente – y les acusa de un presunto “delito continuado de prevaricación urbanística”, el componente común a todas las licencias es que se aprobaron con los informen en contra de los técnicos municipales que también acudirán al juzgado como testigos este miércoles.

Los concejales y ex concejales que han testificado hoy junto con el regidor actual y el ex alcalde José María de Federico, son Carlos Blázquez, Ana Belén Colmenarejo, Jorge García, Antonia García, Cesar de la Serna, Juan José Serrano, Inmaculada Viñoles, Justo García, Pablo Colmenarejo y Pedro Gómez.

El Fiscal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix recogió en un escrito el pasado mes de junio que de forma individual las “posibles irregularidades urbanísticas podrían ser tildadas de insignificantes” pero que analizadas globalmente podrían ser constitutivas de delito y ser causa de un perjuicio económico para el ayuntamiento.

Las condenas de este delito continuado de prevaricación urbanística podría suponer penas de entre año y medio a cuatro años de prisión, y una inhabilitación para cargo público de hasta quince años.

513 expedientes abiertos de actividades clandestinas

Puede que pasen desapercibidos dentro del cúmulo de cifras que arroja la Administración local, o que su tramitación sea más lenta de lo que debiera. Pero siguen en marcha y, tarde o temprano, se resolverán. La Gerencia de Urbanismo tramita en estos momentos 513 expedientes por actividades clandestinas detectadas en el municipio.
licencia actividad y funcionamiento expediente
Tienen que ver, aunque resulte llamativo, con comercios que abrieron sus puertas sin la correspondiente licencia (de actividad inocua o clasificada), o que, teniendo la comunicación previa, luego no presentaron toda la documentación exigible.

La mayoría de ellos están abocados al cierre, salvo que, en los periodos fijados, hayan aportado los documentos requeridos, cuestión que no siempre se produce. O que, como ha ocurrido en algunos casos, haya sido la propia inercia económica la que les haya obligado a cerrar sus puertas antes de ser detectada su ilegalidad.

Pero esa cifra es solo la punta del gran iceberg que significa la actividad total de la Gerencia entre el año 2008 y lo que va de 2016: la sección de inspección urbanística y actividades tiene activos 8.664 expedientes.

De la cifra global que sigue pendiente de resolución llaman la atención los más de 4.000 expedientes relacionados con la disciplina urbanística, es decir, con denuncias por obras que no cumplen la legalidad, entre otros conceptos. Como tales expedientes sancionadores por obras realizadas sin licencia están pendientes 113.

Otros 22 que siguen en activo están relacionados con las ejecuciones subsidiarias (ejecuciones forzosas con cargo al administrado). Uno de los más conocidos es el que se tramitó para el derribo de la antigua fábrica Celgán. El ayuntamiento asumió el coste de la demolición y ahora ese gasto se ha añadido como carga en el registro de la propiedad del inmueble.

También están en activo 391 expedientes de prescripción urbanística. Es decir, aquellos que tienen relación con obras no legalizables, pero cuyos propietarios pueden demostrar que llevan más de cuatro años realizadas sin que la Administración haya abierto expediente de disciplina urbanística para legalizarlas. «No supone una legalización, solo el reconocimiento de que está hecha desde hace más de cuatro años», aclara el concejal de Urbanismo de la capital Carlos Garcinuño.

Y entre la «tarea» pendiente se incluyen también los 193 expedientes sancionadores de actividad, 614 por denuncias de locales, 42 por ruinas y 620 órdenes de ejecución. También quedan 1.456 de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, relacionado con ella, 148 reclamaciones al padrón.

¿Muchos o pocos expedientes?….

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Ordenado el cese de actividad de casi 400 pisos turísticos en Barcelona

El Ayuntamiento inició el año pasado expedientes de cese de actividad a 388 pisos de alquiler turístico que incumplían la ley y además multó a 482 propietarios de pisos que actuaban de manera ilegal. A pesar del elevado número de pisos conflictivos, el consistorio solo acabó precintando 16 de ellos.
Licencia apartamento turistico
Así, de los 388 casos que requieren un cese, habrá habido bastantes que han abandonado el alquiler turístico por iniciativa propia y que no han tenido que acabar con el orden de cese impuesto por el consistorio. Los técnicos municipales desconocen cuántos lo han dejado y siguen igualmente sus casos, ya que temen que algunos ceses sean temporales y los pisos se vuelvan a ofertar ilegalmente en cuanto baje la presión.

La teniente de alcalde ha presentado hoy a la prensa el Informe Actuaciones municipales sobre la oferta ilegal de alojamiento turístico 2015, que recoge los resultados de la campaña de inspección municipal centrada en combatir las viviendas turísticas ilegales y que presentará a la comisión municipal de Ecología, Urbanismo y Movilidad del próximo miércoles día 20.

Sanz ha destacado que el esfuerzo en la tarea inspectora municipal ha permitido llevar a cabo 2.108 procedimientos disciplinarios sobre viviendas de uso turístico (HUT) y abrir 482 expedientes sancionadores -de un importe máximo de 30.000 euros- a pisos que operaban ilegalmente.

El año pasado, se efectuaron 4.000 visitas a pisos turísticos, ya fuere por las inspecciones rutinarias realizadas por los técnicos municipales o por la actuación de la Guàrdia Urbana a raíz de quejas vecinales. Por distritos, Ciutat Vella sigue acarreando el mayor número de pisos con expedientes (346 sobre los 388 abiertos).

El consistorio sigue prometiendo «tolerancia 0» contra estos alojamientos y confía en poder «ir más allá» este año y conseguir un cambio legislativo que dé más competencias para actuar ante los casos ilegales. Además, Sanz abogó por aumentar la plantilla de inspectores (actualmente de 69 personas), aunque aseguró que no será fácil incrementarla.

Por otro lado, se avisa de que posiblemente se derivarán más sanciones a webs que publicitan pisos turísticos legales. El Ayuntamiento envió un requerimiento a 22 portales, entre ellos Airbnb y HomeAway, que fueron multados con 60.000 euros respectivamente y que de momento han recurrido la multa. Booking, otra de las avisadas, ha corregido su postura y ha retirado buena parte de las habitaciones que no presentaban el número de licencia del piso.

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Wanda abandona el proyecto de Plaza España

El grupo inversor chino cierra su oficina en Madrid y deja la reforma del Edificio España en el aire

La obligación de respetar la fachada, que encarecía la rehabilitación, causa la decisión

Licencia Paza España

El Edificio España seguirá vacío y en estado de semiabandono. A escasos días, de que el Ayuntamiento de Madrid diera el visto bueno al estudio de detalle de la reforma del emblemático rascacielos, el último paso antes de iniciarse las obras, el dueño del inmueble, el grupo inversor chino Wanda, ha dado un portazo a la operación tras meses de tira y afloja.

El Grupo Wanda y el Ayuntamiento de Madrid han desmentido las informaciones que aseguraban que la compañía china va a cerrar de forma progresiva sus oficinas en Madrid con la intención de renunciar a la rehabilitación del emblemático Edificio España, en Plaza de España, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la operación.

Fuentes cercanas a la operación aseguran que la obligación impuesta por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que conforman el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, de mantener la fachada, ha sido vital a la hora de que el grupo inversor diera un paso atrás, ya que los plazos de la reforma del edificio aumentarían de tres a más de cuatro años, además de que encarecería ostensiblemente su coste e introducía complejas dificultades técnicas.

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Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), modificacion de la Ordenanza

La Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) queda modificada como sigue:

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Uno. Se modifica el apartado e) del artículo 5, que queda redactado del siguiente modo:
CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES U OBRAS DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL, PORCENTAJE DE BONIFICACIÓN DEL IMPUESTO: 95%

e) Respecto de los primeros 45.000 euros del coste real y efectivo, las construcciones, instalaciones y obras realizadas para la implantación, desarrollo, modificación o cambio de aquellas actividades en las que la tramitación para la obtención de la licencia, declaración responsable o comunicación previa se realice conforme a alguno de los procedimientos de la ordenanza por la que se establece el régimen urbanístico de las actividades, con exclusión de las que sean ejercidas por el sector público.

A estos efectos se entenderá que forman parte del sector público los entes, organismos y entidades a que se refiere el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La bonificación del impuesto regulada en esta letra e), una vez disfrutada para un hecho imponible, solo podrá disfrutarse para los siguientes, respecto de los mismos contribuyente y local o establecimiento, si han transcurrido dos años desde la fecha de la solicitud de la bonificación anteriormente concedida. No obstante, si se acredita un cambio de actividad la bonificación podrá disfrutarse con independencia del tiempo transcurrido desde la anterior.

Especialmente en lo que se refiere a esta letra e), podrán refundirse en un solo acto, acordado por el Pleno del Ayuntamiento, aquellas declaraciones de especial interés o utilidad municipal que, debidamente relacionadas, posibiliten la identificación, en cada caso, de las construcciones, instalaciones y obras».

Dos. Se modifican los apartados 1, 2 y 4 del artículo 16, que quedan redactados del siguiente modo:

«Artículo 16. Procedimiento. 1. Carácter rogado. Para gozar de las bonificaciones del impuesto, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse antes del transcurso de dos meses desde el inicio de las construcciones, instalaciones u obras.

La solicitud se entenderá, en todo caso, realizada cuando el sujeto pasivo practique la autoliquidación del impuesto deduciéndose el importe de la bonificación.

2. A la solicitud deberá acompañarse la siguiente documentación:

a) Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
b) Identificación de la licencia de obras o urbanística, declaración responsable o comunicación previa o, en su caso, de la orden de ejecución que ampare la realización de las construcciones, instalaciones y obras.
c) Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas para las que se insta el beneficio fiscal.
d) Si las obras se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, declaración responsable en la que se haga constar la fecha de inicio de las construcciones, instalaciones u obras.
Si las obras no se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, la documentación prevista en la letra d) anterior habrá de presentarse inmediatamente después del inicio de aquellas.

4. Si la solicitud de bonificación del impuesto no reuniera los requisitos indicados o estos fueran insuficientes para la adopción de la resolución que proceda, se requerirá al solicitante para que en el plazo de treinta días subsane la falta o acompañe la documentación preceptiva.
Transcurrido dicho plazo sin la cumplimentación de lo que se hubiera requerido, se entenderá al solicitante por desistido de su petición, previa resolución al respecto y se procederá por los órganos de gestión del impuesto, en su caso, a practicar liquidación provisional por el importe de la bonificación indebidamente aplicada y con los intereses de demora pertinentes; todo ello, sin perjuicio de las sanciones a que hubiere lugar si se apreciase la existencia de infracción tributaria».

Tres. Se añade un nuevo apartado 7 al artículo 21, que queda redactado en
los siguientes términos:
«7. A efectos de lo dispuesto en el artículo 16.1, los sujetos pasivos podrán, en el momento de practicar la correspondiente autoliquidación del  impuesto, aplicarse la deducción de las bonificaciones que, en su caso, le correspondan».

Madrid autoriza en Nochevieja dos «macrofiestas»

La Comunidad de Madrid ha autorizado dos «macrofiestas» en Nochevieja, una en Guadalix de la Sierra y en Navacerrada y otra de Reyes también en Guadalix.

En concreto, las macrofiestas de Guadalix se desarrollarán en el polideportivo municipal y tendrán una aforo máximo de 500 personas, mientras que la de Navacerrada se celebrará en el Teatro centro cultura de la localidad, con un aforo máximo de 400 personas.
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Por otro lado, la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, encargada de estos asuntos, ha denegado la celebración de una macrofiesta en un bar de Madrid por no aportar la documentación exigida.

El Gobierno regional se limita a autorizar o denegar aquellos eventos que se quieren celebrar en lugares cuya licencia municipal no habilita para espectáculos públicos o actividades recreativas porque donde sí se habilita, corresponde al Ayuntamiento.

También corresponde a los ayuntamientos autorizar las ampliaciones de horario que puedan solicitarse con motivo de Nochebuena, Nochevieja o la noche de Reyes Magos.

REQUISITOS
De acuerdo con la normativa aplicable estas macrofiestas (actividades especiales) son aquellas distintas de las que se realizan habitualmente en los locales o establecimientos regulados en la región.

Estas actividades vienen reguladas en la Orden 10494/2002, de 18 de noviembre. Los solicitantes promotores u organizadores de los espectáculos o actividades de esta naturaleza han de presentar solicitud de autorización a la Dirección General de Justicia y Seguridad en el plazo de 30 días anteriores a la fecha de celebración del respectivo evento.

Los requisitos formales que han de cumplir los interesados son una solicitud con datos generales (artículos 6 y 7 de la Ley) que permitan identificar al solicitante y la actividad que pretende desarrollar; y documentación específica según el aforo que esté previsto constituirse; así como documentación específica para obtención de autorización de actividades recreativas extraordinarias en recintos o locales con aforo igual o inferior a 150 personas.

Para la celebración de las actividades recreativas extraordinarias (macrofiestas), con aforo igual o inferior a 150 personas será preciso presentar una memoria técnica descriptiva, redactada por técnico competente, que contenga los siguientes extremos:

a)    Descripción técnica, en su caso, de las modificaciones que sean precisas efectuar en el local para la realización de la actividad recreativa que se pretende desarrollar.
b)    Plano descriptivo del local, con indicación de las salidas, servicios higiénicos, y, en su caso, nuevo emplazamiento del mobiliario del local.

También deben aportar una documentación específica para obtención de autorización de actividades recreativas extraordinarias en recintos o locales con aforo igual o superior a 151 personas hasta 500 personas, inclusive. En ese caso, deberán presentar:

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Las gasolineras sin personal son «una bomba» según CCOO

Las gasolineras sin personal, llamadas «desatendidas«, han conseguido poner de acuerdo a sindicatos y empresarios hasta el punto que han suscrito un manifiesto conjunto en contra de este tipo de instalaciones que, según denuncian, «tienen cada una 20.000 litros de combustible dejados de la mano de Dios y son una bomba en pleno centro urbano sin vigilancia». Explican que este tipo de gasolineras, que están proliferando por toda España, hacen competencia desleal al resto, afectan a los consumidores y suponen el despido de centenares de personas.
Licencia apertura gasolinera
Representantes del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), de la Asociación de Estaciones de Servicio en Málaga y de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Agavecar) dieron ayer una rueda de prensa en la sede del sindicato en la que aseguraron que, en estos momentos, en Málaga hay 14 estaciones de servicio de este tipo que han supuesto la pérdida de 80 empleos y ya se está tramitando la creación de otras 14 en la provincia. Ahora hay gasolineras «desatendidas» en Ronda, Estepona, Benalmádena, Coín, Vélez Málaga, Antequera, Humilladero, Riogordo, Mollina y Málaga. En el caso de la capital están ubicadas en Mercamálaga y los polígonos San Luis y Santa Bárbara.

En Málaga hay un total de 240 gasolineras con 1.400 empleados y los sindicatos temen que, si impera esta fórmula, las empresas cambien el modelo y todos estos trabajadores se puedan ir al paro.

Estas gasolineras son autoservicio y están amparadas por un Real Decreto. No obstante, los sindicatos dicen que hay trampa. «Hay un decreto que regula este tipo de negocios y obliga a que haya personal atendiendo. En Málaga, por ejemplo, para no contravenir el decreto, se contrata a dos trabajadores para la inauguración y conseguir la licencia de apertura y cuando pasa el mes los despiden», afirmó José Manuel Cerrejón, secretario general de la Federación de Industria de CCOO en Andalucía. Según explican, la Junta de Andalucía «tiene responsabilidad directa porque no hace cumplir el decreto» y «hay también responsabilidad de los ayuntamientos porque son los que dan los permisos de obra civil y la licencia de apertura». Exigen, por tanto, a ambas Administraciones un mayor control. Cerrejón indicó que empresarios y sindicatos, junto a otras asociaciones, han hecho un manifiesto, se lo han enviado a la Junta de Andalucía y aún no han obtenido respuesta.
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Critican que, además de la competencia desleal con otras gasolineras al no tener empleados, representan un problema de seguridad «porque puede haber problemas de derrames de hidrocarburos, incendios, accidentes y nadie vigila nada». «Hay clientes que se llevan bidones de 500 litros en el coche y eso está prohibido, pero nadie lo vigila», añaden. Diferencian entre gasolineras «desatendidas» y de bajo coste, apoyando a éstas últimas siempre que tengan empleados.

Los sindicatos y los empresarios dicen que también «se atenta contra los derechos de los consumidores porque no se puede pedir factura, ni pagar en efectivo, ni exigir pruebas de la calidad y es una afrenta a las personas discapacitadas que no pueden acceder porque necesitan ayuda para repostar».