La Policía Municipal realiza un desalojo en un local del centro

En el establecimiento, ubicado en el distrito Centro, se había triplicado el aforo permitido

La Policía Municipal ha desalojado un local en la plaza de Las Salesas, en el distrito de Centro, que triplicaba su aforo. En su interior había 241 personas cuando el máximo permitido era de 80. Los vecinos denunciaron la situación que se estaba produciendo en este establecimiento mientras se retransmitía un partido de rugby a través de varios televisores.
Policia municipalLo primero que los agentes pudieron observar fue que en exterior del local se encontraba mucho público que veía el evento deportivo a través de las ventanas, ocasionando ruidos y consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública, cuando el establecimiento no tiene licencia para ello.

Ya en el interior, se comprobó que por la aglomeración, la movilidad era prácticamente nula tanto en los salones como en la barra y las escaleras de acceso al baño. Por tanto, se procedió de inmediato al desalojo que se produjo de manera ordenada y sin incidentes.

Plaza Salesas

Los policías levantaron las correspondientes actas por infracciones de la normativa aplicable según la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de la Comunidad de Madrid respecto al aforo máximo permitido. Asimismo, no existía recibo en vigor del seguro de responsabilidad civil.

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La Comunidad de Madrid investiga una actividad de ‘laser combat’ en suelo protegido en Miraflores

La Consejería de Medio Ambiente ha abierto diligencias a una instalación de ‘laser combat‘ de Miraflores de la Sierra, asentada en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares (PRCAM), tras recibir una denuncia por realizar esta actividad sin permiso.

licencia actividad miraflores

Las instalaciones de la empresa Shootball Madrid, con el nombre comercial de Action Live, llevan años en el punto de mira. Tras dejar de organizar sesiones de ‘paintball’ a raíz de un expediente sancionador que acabó en una multa de 24.000 euros, la empresa ha continuado organizando otras actividades de ‘team building‘, entre las que se encuentra el ‘laser combat’, es decir, combates con pistolas láser.

Ahora, tras una denuncia advirtiendo de esta actividad, la dirección de Disciplina Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente ha abierto diligencias, según fuentes del organismo. Tras el expediente sancionador de 2014, la empresa planteó cambiar la actividad para realizar láser combat. La Comunidad les advirtió que era necesario que hicieran un procedimiento simplificado para determinar si era necesario continuar con una declaración de impacto ambiental, pero Action Live no inició el procedimiento, motivo por el que ahora se estudia la situación.

Las mismas fuentes también han explicado que el ‘paintball‘ sí necesitaba una declaración de impacto ambiental, pero que esta otra actividad, al ser menos agresiva, requiere un procedimiento abreviado que no se ha realizado. La empresa, por su parte, ha asegurado que con las licencias con las que cuenta no es necesario solicitar más permisos para realizar ‘laser combat’, actividad que reconocen organizar.

Action Live recibió licencia de actividad del Ayuntamiento de Miraflores de la Sierra en 2008, cuando gobernaba el PP, pero se concedió sin contar con el visto bueno de Medio Ambiente, pues era necesaria una declaración de impacto ambiental para su puesta en marcha. La actual corporación municipal, del PSOE, tiene intención de clausurar la instalación, al no contar con el permiso medioambiental necesario. El concejal de Medio Ambiente, Julio Vías, ha explicado que la próxima semana mantendrá una reunión con la Consejería de Medio Ambiente para analizar la situación y tener la seguridad jurídica necesaria para proceder al cierre hasta que la empresa complete el trámite medioambiental y obtenga permiso.

La instalación cuenta con licencia municipal para usos culturales y educativos, lo que a juicio de Vías es «sarcástico». «No es conveniente para el medio ambiente y además causa muchos problemas a los vecinos», indica en referencia a los ruidos y el tráfico que genera. Ecologistas en Acción ha recordado este jueves que llevan cinco años denunciando este campo de «juegos de guerra» y ha indicado que se si no se procede al cierre de la instalación, llevarán el caso a la Fiscalía.

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Clausuran dos fincas por celebrar bodas ilegales

Las fincas El Campillo y Arcos del Real no podrán celebrar más bodas o  celebraciones desde esta semana. El Ayuntamiento de San Lorenzo ha mandado una comunicación a ambas empresas prohibiendo cualquier tipo de evento o bodas, según la Asociación Madrileña de Empresarios de la Restauración (AMER) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM). El Consistorio ejecuta así una sentencia del TSJM que obligaba a cesar la actividad de ambas fincas por ejercer sin licencia ya que solo tenían autorización para «uso agropecuario».
licencia bodas ilegales campillo
El Ayuntamiento amenaza por escrito a ambos sociedades con precintar las fincas si no cumplen lo ordenado por un tribunal. «Se prohíbe definitivamente, y en tanto no se tenga licencia para ello cualquier actividad de carácter hostelero en El Campillo y Pago de Puerta Verde (Los Arcos)», aprobó el pasado 21 de enero la Junta de Gobierno Local de San Lorenzo de El Escorial. Agrega el Consistorio además que la Policía Local de San Lorenzo deberá comprobar con carácter semanal que se cumple la prohibición y además pide a los servicios técnicos municipales que visiten las fincas para comprobar el estado de las mismas y se informe de la situación de las instalaciones.

Las finca de El Campillo está situada en el kilometro 1,8 de la carretera de Guadarrama a El Escorial y la de Los Arcos en el kilometro 3,5 de la misma vía. En estos enclaves se han celebrado los eventos y bodas de personajes ilustres y famosos como dos hijos de Aznar, Manu Tenorio o Carlos Baute.

El problema es que ambas fincas tienen ya comprometidas varias bodas y eventos para este año. Es decir, que seguían contratando eventos con novios pese a que pesaba sobre ellos una sentencia.

Fue en marzo de 2014 cuando un juzgado ordenó el cese de la actividad de ambas fincas. Sin embargo, el anterior equipo de Gobierno del PP no llegó a ponerse serio con el caso y AMER recurrió a los tribunales, que le dieron la razón el pasado mes de octubre. Ahora el Ayuntamiento de San Lorenzo, gobernado por el partido independiente de Vecinos, aprobó el pasado 21 de enero la orden para que se cumpla la sentencia.

AMER lleva varios años denunciando la existencia de varias fincas ilegales en la región, muchas de ellas vinculadas con «nobles y familiares de políticos». Calculan que hay más de 40 y una treintena están a la espera de la decisión de los tribunales. También ha denunciado a varios Ayuntamientos que han permitido la actividad de estos negocios sin licencia.

Al tratarse de una finca rústica, lo que se podría haber solicitado primeramente es la tramitación de la solicitud de calificación urbanística para celebración de pequeños eventos (actos sociales y familiares de especial singularidad) al amparo del artículo 9 de la Ley 8/2012 de la Comunidad de Madrid.

Vía: www.elmundo.es

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Detectan obras en un edificio con orden de paralización

Si empezamos esta historia por el final, el titular sería que hay una orden de paralización de las obras en el edificio situado en el número 12 de la calle Salustiano Olózaga, a escasos metros de la Puerta de Alcalá de Madrid, pero los trabajos continúan. Lo denunció el PSOE en el Pleno del Ayuntamiento de la capital del pasado miércoles, donde precisamente se aprobó un cambio de uso para el inmueble de hotel a viviendas de lujo. A pesar de que los cristales a pie de calle están oscurecidos, el ruido emitido ayer por la tarde desde el interior dejaba poco lugar a equívocos.
licencias de obra
En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible, sin embargo, no tienen constancia de momento de que se esté cometiendo ninguna irregularidad. Los técnicos municipales del Departamento de Disciplina Urbanística tienen previsto inspeccionar el lugar para comprobar si se está avanzando en la rehabilitación de forma ilegal.

El periplo administrativo del edificio en cuestión se remonta a 2001, cuando el Ayuntamiento de Madrid (con el PP al frente) aprobó un cambio de uso en el sentido inverso al de la semana pasada, es decir, de residencial a hotelero. La licencia de obras del inmueble en el distrito de Salamanca se otorgó en 2003, en 2005 se denunció que el interior del inmueble había sido derribado pese a estar protegido pero no fue hasta 2007 cuando el Gobierno local decretó la paralización de los trabajos.

El expediente sancionador del Departamento de Disciplina Urbanística y las sentencias relativas a este particular concluyeron con la imposición de una multa al propietario y con la obligatoriedad de que se reconstruyeran los elementos destruidos. El pasado 30 de diciembre se dieron por finalizados estos trabajos de restauración y desde entonces, teóricamente, debería estar detenida la actividad en el interior hasta nueva autorización.

«Tienen orden de paralización. Entiendo que no están haciendo obras, pero no he ido por la noche, como hace usted, a ver si hay alguien que está haciendo obras». Ésta fue la respuesta que la directora general de Control de la Edificación, Ana Perpiñá, le dio a la concejal socialista Mercedes González en la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible del pasado 20 de enero cuando la edil le planteó sus dudas de que se estuviera cometiendo una ilegalidad.

En el Área de Desarrollo Urbano Sostenible han precisado este martes que la empresa propietaria del inmueble sí tiene permiso para realizar obras de tabiquería menores, aunque no para llevar a cabo el trabajo de rehabilitación integral del inmueble.

En el último Pleno se ha dado luz verde un nuevo Plan Especial para el edificio de Salustiano Olózaga, aprobado inicialmente por el Gobierno municipal saliente en el mes de junio. El expediente urbanístico contó los votos a favor de Ahora Madrid y el PP y la oposición de PSOE y Ciudadanos y autoriza el cambio de uso de hotelero a residencial.

El proyecto consiste en la rehabilitación del inmueble de 5.800 metros cuadrados para su transformación en 25 apartamentos de lujo con un presupuesto de tres millones de euros, según informa en su web la empresa encargada de la rehabilitación -Molior-. Está previsto que las plantas superiores se reserven para las viviendas, la baja y la semisótano para zonas comunes y las tres subterráneas para plazas de aparcamiento.

Pero hasta que no se solicite y se conceda la nueva licencia de obras, un trámite que puede tardar desde semanas hasta meses, no deberían comenzar los trabajos estructurales. Este periódico se puso en contacto ayer con la actual propietaria del inmueble -LemonPrime- para preguntarle por qué se está trabajando ya en el interior, pero no obtuvo respuesta.

«Los planes especiales como el de Salustiano Olózaga en realidad son legalizaciones de obra ilegales y, en este caso, es aún peor porque el edificio entero es ilegal», señala Mercedes González, que sostiene que en las obras que se hicieron para recuperar los elementos protegidos «no se respetó la fidelidad del original». Además, la concejal socialista insta a que el Departamento de Disciplina Urbanística abra un expediente por la realización de trabajos sin que se haya tramitado la nueva licencia.

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Bonificación al inicio de actividad para emprendedores

Modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
Licencia aperura ayudas bonificacion y subvencion
El pasado 1 de Enero de 2016 entró en vigor la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora de Impuestos de Construcciones, Instalaciones y Obras que sustituye la bonificación del ICIO (que podía aplicarse con generalidad para cualquier tipo de obra) para volver a la bonificación tal y como estaba configurada desde el año 2013, es decir, supone el retorno a la “bonificación de emprendedores”.

Así esta modificación tiene como ámbito de actuación la Ordenanza de Actividades Económicas en la Ciudad de Madrid suprimiendo la limitación que se refería al alcance de las exenciones del artículo del TRLRHL (exención en el IAE).

CARACTERÍSTICAS DE LA BONIFICACIÓN
Las características de la bonificación serían:

•El importe de la misma se calculará sobre los primeros 45.000 euros de coste real y efectivo de las obras a realizar.
•El solicitante no debe formar parte del Sector Público y su ámbito de aplicación se circunscribe a los procedimientos tramitados al amparo de la Ordenanza de actividades económicas en la Ciudad de Madrid.
•Se concederá a cualquier actuación sometida al Impuesto, tanto de implantación o modificación, como de simple mejora, que no hubiera sido bonificada por el mismo concepto en los dos años anteriores para el mismo contribuyente y local (no obstante, si se produjese un cambio de actividad, podría aplicarse la bonificación aunque no hubiesen transcurrido los dos año indicados).

REQUISITOS
Además de estos requisitos específicos, existirán los generales contemplados para cualquiera de las bonificaciones ya existentes de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto. Dichos requisitos se resumen en:

•Que la bonificación sea solicitada en el plazo establecido para ello: antes del transcurso de dos meses desde el inicio de las obras (pues este plazo también ha sido modificado para todas las bonificaciones).
•Que se lleve a cabo la intervención municipal en los actos de uso del suelo, construcción y edificación (existencia de licencia o declaración responsable).

BONIFICACIONES

COD BONIFICACIONES DE DECLARACIÓN DE ESPECIAL INTERÉS O UTILIDAD MUNICIPAL
(Sección Primera)		 % BONIF.
9120 Construcciones, Instalaciones y Obras de cualquier clase (I) 95%
9101 Nueva edificación para implantación de equipamiento dotacional incluido en art. 7.10.3. Apartados a) y b) de las NNUU del PGOUM gestionado directamente por una Entidad de carácter público. 70%
9112 Nueva edificación para implantación de equipamiento dotacional incluido en art. 7.10.3. Apartados a) y b) de las NNUU del PGOUM gestionado directamente por una Entidad de carácter privado. 35%
9102 Nueva edificación para implantación de equipamiento dotacional incluido en art. 7.10.3. Apartado c) de las NNUU del PGOUM. 35%
9103 Rehabilitación de edificios de uso residencial en Áreas o Zonas de Rehabilitación Preferente o Integrada o Concertada que obtengan de la administración competente la calificación de actuación protegida 70%
9104 Obras en edificios o elementos catalogados con nivel de protección 1 (Grados singular o integral) 75%
9105 Obras en edificios o elementos catalogados con nivel de protección 2 (Grados estructural o volumétrico) 35%
9106 Obras en edificios o elementos catalogados con nivel de protección 3 (Grados parcial o ambiental) 10%
9107 Obras de nueva planta de viviendas de protección oficial en régimen especial y viviendas de integración social (V.I.S.) 90%

PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR LAS BONIFICACIONES
1. Para gozar de las bonificaciones, será necesario que se solicite por el sujeto pasivo, lo que deberá efectuarse antes del transcurso de dos meses desde el inicio de las construcciones, instalaciones u obras. La solicitud se entenderá, en todo caso, realizada cuando el sujeto pasivo practique la autoliquidación del impuesto deduciéndose el importe de la bonificación.

2. A la solicitud debe acompañarse la siguiente documentación:

◦ Aquella que justifique la pertinencia del beneficio fiscal.
◦ Identificación de la licencia de obras o urbanística, declaración responsable o comunicación previa o, en su caso, de la orden de ejecución que ampare la realización de las construcciones, instalaciones y obras.
◦ Presupuesto desglosado de las construcciones, instalaciones u obras o de aquella parte de las mismas para las que se insta el beneficio fiscal.
◦ Si las obras se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, declaración responsable en la que se haga constar la fecha de inicio de las construcciones, instalaciones u obras.

Si las obras no se hubieran iniciado en el momento de la solicitud, la documentación prevista en la letra d) anterior habrá de presentarse inmediatamente después del inicio de aquellas.

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Sanciones por superar el horario de cierre o carecer de licencia de actividad

La instalación de mesas y sillas por parte de establecimientos de hostelería en las aceras convencionales, en zonas peatonales, y en espacios ajardinados de la ciudad, constituye una tradición en armonía con el clima cálido de la ciudad, las costumbres de sus vecinos y su afán de disfrutar de espacios al aire libre, siendo una muestra más del dinamismo y manera de vivir de nuestra ciudad.
Licencia sanciones administrativas
Estas instalaciones están sujetas a limitaciones y condiciones que permitan compatibilizar, de la mejor manera posible, el uso de las aceras convencionales, de las zonas peatonales y de los espacios ajardinados, con mesas y sillas, con el derecho de los vecinos al descanso y al libre tránsito por las zonas citadas.

La Concejalía de Ocupación de la Vía Pública inició un plan de choque para delimitar el espacio que legalmente pueden ocupar en la calle las mesas y sillas de los restauradores, ahora se pone en marcha una patrulla nocturna que vela por el cumplimiento de la ordenanza municipal. Así, en tres semanas de inspecciones, los agentes de la Policía Local han impuesto un total de 145 sanciones, la mayoría por no tener ni siquiera licencia de actividad o por superar el horario de cierre de los negocios.

Los agentes de este nuevo servicio trabajan, fundamentalmente, en las cuatro zonas con mayor acumulación de locales de ocio. Sin embargo, también se están llevando inspecciones en otros barrios de la ciudad de manera aleatoria. El balance de estas tres primeras semanas de control es cuanto menos importante. Se ha sancionado a 145 locales en total.

«Con esta labor preventiva, y educativa para los empresarios, se ha mitigado el número de infracciones y se ha reducido el número de denuncias ciudadanas. Concretamente, el primer fin de semana de enero los agentes pusieron 19 sanciones y durante el último fin de semana solo han interpuesto 4», explicó la concejala, quien aprovechó para alertar a los propietarios de estos locales de que el actual equipo de gobierno «ha acabado con la impunidad de la anterior corporación». La regidora se sorprendió por el elevado número de bares que contaban con terrazas sin licencia e incluso sin de apertura. Las multas se pasan al Servicio Sancionador que establece el importe según la gravedad.

La ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público municipal mediante mesas, sillas y otros elementos auxiliares, aprobada el 30 de enero de 2009 pretende, en primer lugar, cambiar la imagen de las terrazas mejorando los elementos estéticos y armonizando el diseño y la calidad de estas instalaciones, ampliando las condiciones que en su momento se exigieron a los negocios de hostelería ubicados en el centro histórico a todo el ámbito territorial de la ciudad.

En esta Ordenanza se pone de manifiesto la singularidad de los centros históricos, con el fin de mejorar la capacidad de gestión de la administración municipal y en general dar cabida a todas aquellas cuestiones que, a lo largo de los últimos años, habían quedado obsoletas y debían ser objeto de nueva regulación.
Licencia actividad expediente
Durante la campaña llevada a cabo el año pasado, se inspeccionaron un total de 1856 terrazas de las cuales, el 96,6% cumplía con todos los requisitos legales.

El total de denuncias impuestas se repartió entre los siguientes conceptos:
• Infracciones por mesas y sillas; 88,5%.
• Infracciones por toldos u otros elementos; 6,6%.
• Infracciones por incumplimiento de horarios; 4,9%.

Asimismo, se procedió a la retirada de 6 mesas y 27 sillas.

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Continúa el juicio de trece licencias municipales con irregularidades

El alcalde de Colmenar Viejo y cinco de sus concejales declaran como “querellados” en un presunto delito continuado de prevaricación urbanística.

El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, el ex alcalde, cinco concejales actuales y cinco de la anterior legislatura – todos del Partido Popular- han pasado este lunes por el juzgado de instrucción número 3 de la localidad para declarar como “querellados” y responder sobre las irregularidades detectadas en trece licencias municipales.
licencias colmenar viejo
Las licencias se otorgaron entre 2005 y 2011, en su mayoría licencias de primera ocupación a las que los técnicos no daban el visto bueno por muros de cerramiento que superaban la altura máxima permitida en unos centímetros, construcciones que ocupaban mínimamente parte de una acera o edificios que no cumplían las condiciones de salubridad de forma estricta. El propio alcalde, Miguel Ángel Santamaría siempre ha defendido que se trataban de “casos anecdóticos” donde primaba el interés general de la actividad económica que generaba la licencia y que en ningún caso se perjudicaban los intereses de los vecinos y del municipio. Postura que habría defendido también hoy ante el juez durante dos horas, aunque Santamaría ha rechazado hacer declaraciones a los medios de comunicación al respecto.

El juez ha agrupado las trece denuncias – la mayoría anónimas y dos de la Fiscalía de Medio Ambiente – y les acusa de un presunto “delito continuado de prevaricación urbanística”, el componente común a todas las licencias es que se aprobaron con los informen en contra de los técnicos municipales que también acudirán al juzgado como testigos este miércoles.

Los concejales y ex concejales que han testificado hoy junto con el regidor actual y el ex alcalde José María de Federico, son Carlos Blázquez, Ana Belén Colmenarejo, Jorge García, Antonia García, Cesar de la Serna, Juan José Serrano, Inmaculada Viñoles, Justo García, Pablo Colmenarejo y Pedro Gómez.

El Fiscal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix recogió en un escrito el pasado mes de junio que de forma individual las “posibles irregularidades urbanísticas podrían ser tildadas de insignificantes” pero que analizadas globalmente podrían ser constitutivas de delito y ser causa de un perjuicio económico para el ayuntamiento.

Las condenas de este delito continuado de prevaricación urbanística podría suponer penas de entre año y medio a cuatro años de prisión, y una inhabilitación para cargo público de hasta quince años.

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513 expedientes abiertos de actividades clandestinas

Puede que pasen desapercibidos dentro del cúmulo de cifras que arroja la Administración local, o que su tramitación sea más lenta de lo que debiera. Pero siguen en marcha y, tarde o temprano, se resolverán. La Gerencia de Urbanismo tramita en estos momentos 513 expedientes por actividades clandestinas detectadas en el municipio.
licencia actividad y funcionamiento expediente
Tienen que ver, aunque resulte llamativo, con comercios que abrieron sus puertas sin la correspondiente licencia (de actividad inocua o clasificada), o que, teniendo la comunicación previa, luego no presentaron toda la documentación exigible.

La mayoría de ellos están abocados al cierre, salvo que, en los periodos fijados, hayan aportado los documentos requeridos, cuestión que no siempre se produce. O que, como ha ocurrido en algunos casos, haya sido la propia inercia económica la que les haya obligado a cerrar sus puertas antes de ser detectada su ilegalidad.

Pero esa cifra es solo la punta del gran iceberg que significa la actividad total de la Gerencia entre el año 2008 y lo que va de 2016: la sección de inspección urbanística y actividades tiene activos 8.664 expedientes.

De la cifra global que sigue pendiente de resolución llaman la atención los más de 4.000 expedientes relacionados con la disciplina urbanística, es decir, con denuncias por obras que no cumplen la legalidad, entre otros conceptos. Como tales expedientes sancionadores por obras realizadas sin licencia están pendientes 113.

Otros 22 que siguen en activo están relacionados con las ejecuciones subsidiarias (ejecuciones forzosas con cargo al administrado). Uno de los más conocidos es el que se tramitó para el derribo de la antigua fábrica Celgán. El ayuntamiento asumió el coste de la demolición y ahora ese gasto se ha añadido como carga en el registro de la propiedad del inmueble.

También están en activo 391 expedientes de prescripción urbanística. Es decir, aquellos que tienen relación con obras no legalizables, pero cuyos propietarios pueden demostrar que llevan más de cuatro años realizadas sin que la Administración haya abierto expediente de disciplina urbanística para legalizarlas. «No supone una legalización, solo el reconocimiento de que está hecha desde hace más de cuatro años», aclara el concejal de Urbanismo de la capital Carlos Garcinuño.

Y entre la «tarea» pendiente se incluyen también los 193 expedientes sancionadores de actividad, 614 por denuncias de locales, 42 por ruinas y 620 órdenes de ejecución. También quedan 1.456 de la Inspección Técnica de Edificios (ITE) y, relacionado con ella, 148 reclamaciones al padrón.

¿Muchos o pocos expedientes?….

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Ordenado el cese de actividad de casi 400 pisos turísticos en Barcelona

El Ayuntamiento inició el año pasado expedientes de cese de actividad a 388 pisos de alquiler turístico que incumplían la ley y además multó a 482 propietarios de pisos que actuaban de manera ilegal. A pesar del elevado número de pisos conflictivos, el consistorio solo acabó precintando 16 de ellos.
Licencia apartamento turistico
Así, de los 388 casos que requieren un cese, habrá habido bastantes que han abandonado el alquiler turístico por iniciativa propia y que no han tenido que acabar con el orden de cese impuesto por el consistorio. Los técnicos municipales desconocen cuántos lo han dejado y siguen igualmente sus casos, ya que temen que algunos ceses sean temporales y los pisos se vuelvan a ofertar ilegalmente en cuanto baje la presión.

La teniente de alcalde ha presentado hoy a la prensa el Informe Actuaciones municipales sobre la oferta ilegal de alojamiento turístico 2015, que recoge los resultados de la campaña de inspección municipal centrada en combatir las viviendas turísticas ilegales y que presentará a la comisión municipal de Ecología, Urbanismo y Movilidad del próximo miércoles día 20.

Sanz ha destacado que el esfuerzo en la tarea inspectora municipal ha permitido llevar a cabo 2.108 procedimientos disciplinarios sobre viviendas de uso turístico (HUT) y abrir 482 expedientes sancionadores -de un importe máximo de 30.000 euros- a pisos que operaban ilegalmente.

El año pasado, se efectuaron 4.000 visitas a pisos turísticos, ya fuere por las inspecciones rutinarias realizadas por los técnicos municipales o por la actuación de la Guàrdia Urbana a raíz de quejas vecinales. Por distritos, Ciutat Vella sigue acarreando el mayor número de pisos con expedientes (346 sobre los 388 abiertos).

El consistorio sigue prometiendo «tolerancia 0» contra estos alojamientos y confía en poder «ir más allá» este año y conseguir un cambio legislativo que dé más competencias para actuar ante los casos ilegales. Además, Sanz abogó por aumentar la plantilla de inspectores (actualmente de 69 personas), aunque aseguró que no será fácil incrementarla.

Por otro lado, se avisa de que posiblemente se derivarán más sanciones a webs que publicitan pisos turísticos legales. El Ayuntamiento envió un requerimiento a 22 portales, entre ellos Airbnb y HomeAway, que fueron multados con 60.000 euros respectivamente y que de momento han recurrido la multa. Booking, otra de las avisadas, ha corregido su postura y ha retirado buena parte de las habitaciones que no presentaban el número de licencia del piso.

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Wanda abandona el proyecto de Plaza España

El grupo inversor chino cierra su oficina en Madrid y deja la reforma del Edificio España en el aire

La obligación de respetar la fachada, que encarecía la rehabilitación, causa la decisión

Licencia Paza España

El Edificio España seguirá vacío y en estado de semiabandono. A escasos días, de que el Ayuntamiento de Madrid diera el visto bueno al estudio de detalle de la reforma del emblemático rascacielos, el último paso antes de iniciarse las obras, el dueño del inmueble, el grupo inversor chino Wanda, ha dado un portazo a la operación tras meses de tira y afloja.

El Grupo Wanda y el Ayuntamiento de Madrid han desmentido las informaciones que aseguraban que la compañía china va a cerrar de forma progresiva sus oficinas en Madrid con la intención de renunciar a la rehabilitación del emblemático Edificio España, en Plaza de España, según han informado a Europa Press fuentes próximas a la operación.

Fuentes cercanas a la operación aseguran que la obligación impuesta por la Comisión Local de Patrimonio Histórico, que conforman el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, de mantener la fachada, ha sido vital a la hora de que el grupo inversor diera un paso atrás, ya que los plazos de la reforma del edificio aumentarían de tres a más de cuatro años, además de que encarecería ostensiblemente su coste e introducía complejas dificultades técnicas.

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